Tecnología minera para la contaminación y el saqueo en gran escala

En mayo de 1993, Menen, Cavallo y Gioja, entre otros, con el lobby del Banco Mundial, impulsaron la modificación del marco legal de la actividad minera, abriendo las puertas del país para el ingreso masivo de empresas mineras transnacionales. De allí en adelante nada se modificó. Por el contrario, a pesar de los discursos grandilocuentes de Radicales y Kirchneristas, se ha hecho de su utilización un gran negocio coronado con el veto a la Ley de Glaciares.

En 1993 Carlos Menem y el gobernador Gioja plantaron el germen de lo que luego seria la “fiesta minera” para las empresas multinacionales que como la Barrick Gold, arrasa con minería intensiva o megaminería, las riquezas en el territorio nacional. Los gobiernos sucesivos, incluyendo el actual no tuvieron ninguna voluntad de cambiar el estatus quo, por el contrario se intensificaron los negocios y las empresas multinacionales por magras regalías, saquean las tierras donde se asientan con los proyectos a cielo abierto, contando con la complicidad de funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). Sobre aquella piedra fundamental que puso Menem, se construyó un robo de los recursos naturales, del cual, parece, muchos argentinos no se han dado cuenta.

A la luz de lo que ahora sabemos, a partir de allí la Secretaría de Minería de la Nación y su órgano técnico el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), elaboraron en sucesivas etapas los denominados “Proyectos específicos tendientes a incrementar la oferta minera”, que incluyeron la obtención de información sobre la localización, elementos químicos presentes, reservas de mineral, cuantificación, etc. de infinidad de yacimientos dispersos en gran parte del territorio nacional. El nuevo plan exploratorio oficial se inició en 1995 y se extiende hasta el presente. La Secretaría de Minería contrató para esos trabajos de alta tecnología, a diferentes empresas del Canadá.

Desde entonces, la localización de los nuevos yacimientos minerales se hace por medio de la detección de la radioactividad del Uranio, Torio y Potasio; se utiliza una tecnología denominada “Magnetometría y Espectrometría de Rayos Gamma-Geofísica Aérea, ratio Uranio/Torio”, que consiste en la toma de “imágenes” por un magnetómetro y una cámara gamma montados sobre un avión o helicóptero que efectúan vuelos a baja altura sobre la región a explorar, siguiendo un itinerario de líneas paralelas. Luego esos registros son procesados y volcados en Cartas de Geofísica Aérea.

La Espectrometría de Rayos Gamma es un método geofísico aéreo o terrestre que mide la radiación gamma emitida durante el “decaimiento” de elementos radioactivos naturales que están presentes en la Tierra. Existen muchos radioelementos naturales, pero únicamente tres, el Uranio, el Torio y el Potasio tienen isótopos (átomos inestables) que emiten radiación gamma con la intensidad suficiente para ser medidos por esa tecnología.

La presencia de altos valores de radioactividad, en general, demuestra desde una perspectiva técnica (Geofísica), la existencia de un yacimiento o mina. Debido al movimiento o choque de las placas tectónicas, el magma o roca fundida de las profundidades del Planeta subió a la superficie hace millones de años en forma de volcanes o como afloramientos, haciéndolo con todos los elementos químicos de la Tabla Periódica presentes en ese ámbito y tiempo geológicos, enfriándose luego y transformándose en rocas con elevada “mineralización”.

Esta técnica permite la detección, en una determinada zona, del Uranio y el Torio en alto grado, pero también estarán presentes en esas rocas metales valiosos como el Oro, la Plata, el Cobre, contaminantes como el Arsénico y el Plomo, algunos Lantánidos (tierras raras), etc.

Localizado de esa forma un yacimiento, para tener más información sobre los elementos químicos que posee y su concentración (ley), el Segemar procede a realizar el “Levantamiento Geoquímico”, en el cual se toman muestras de sedimentos de corriente de cursos de agua, incluídos los secos, las que son analizadas en laboratorios de Canadá, aplicando técnicas denominadas Activación Neutrónica Instrumental (AANI) y Espectroscopía de Emisión en Plasma Inductivamente Acoplado (ES-ICP), volcándose los resultados en Cartas Geoquímicas.

El SEGEMAR, obviamente por decisión política de los sucesivos gobiernos nacionales desde 1993, ha impulsado esta acelerada exploración de los recursos minerales del país, sufragada con los impuestos pagados por la ciudadanía, para luego entregar los resultados completos a las transnacionales mineras, quienes tienen de esa forma la localización precisa de los yacimientos; cuando acceden a ellos, simplemente se limitan a tareas exploratorias menones. En la actividad extractiva posterior, hacen volar las montañas con explosivos para aflojar la roca y extraer los metales, utilizando maquinaria en colosal escala para acelerar ese proceso, producir rápidas exportaciones y prescindir de mano de obra local.

Resumiendo, las rocas donde el Espectrómetro de Rayos Gamma y el Magnetómetro detectaron altos niveles de radiación gamma emitida por Uranio, Torio y Potasio, son las mismas que las empresas mineras hacen estallar a cielo abierto con dinamita para triturarlas, levantando y dispersando en el ambiente toneladas de material particulado o polvo mineralizado radioactivo (polvillo), el cual es arrastrado por los vientos o corrientes aéreas hasta cientos de kilómetros de distancia, aumentando paulatinamente la concentración de elementos contaminantes en el aire, el suelo y el agua en vastas regiones de nuestro país.

Esta es la forma en que las empresas mineras transnacionales, en complicidad con las autoridades de Minería nacionales y provinciales, al amparo de un régimen legal que es necesario derogar en forma urgente, están depredando el medio ambiente, condenando a millones de compatriotas a convivir con la ominosa amenaza y efectos de la radioactividad. Es vastamente conocida la acción del Uranio y uno de sus “hijos” el gas radón, sobre el cuerpo humano, provocando el cáncer, leucemia y enfermedades degenerativas. A ello se suman otras sustancias contaminantes.

Como ejemplo tenemos el caso de la primera mina a cielo abierto del país, La Alumbrera, ubicada a 45 kms al NO de Andalgalá en la Provincia de Catamarca, Argentina; se inició su explotación en septiembre de 1997 y extrae oro, cobre, plata y molibdeno. Al cabo de dos o tres años, esa ciudad en especial, pero también Belén y otros pueblos cercanos, comenzaron a ser asolados por los casos de cáncer, esclerosis múltiple y otras graves dolencias, antes infrecuentes en la región. Esta situación se produce asimismo en la Provincia de Tucumán, por donde se extiende el transporte del mineral para su exportación.

La contaminación ambiental es el más grave problema de la minería a cielo abierto, pero no es el único. También están el brutal saqueo de los recursos naturales no renovables; la ausencia de beneficios económicos concretos para la sociedad argentina; el antagonismo generado en los conglomerados urbanos directamente afectados, entre los que están a favor o en contra de esa actividad; la compra por parte de las empresas mineras de los medios de comunicación locales y regionales, para ocultar la degradación ambiental, política, social y económica que producen; la captación por medio de dádivas u otros mecanismos, de la voluntad de funcionarios nacionales, provinciales y municipales de diverso rango; la ausencia total de controles sobre las actividades de las empresas mineras por parte del Estado; etc. Por todo ello, la minería a cielo abierto debe ser prohibida en toda la República Argentina de forma urgente.



(Por: Roberto Luna para OPI Santa Cruz)