Los países ricos abandonan la minería mientras Uruguay y Argentina la reciben

‘Diario EL PAIS¨ – Montevideo – URUGUAY 

  
Desde el Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes), Eduardo Gudynas, viene observando desde 30 años, el desarrollo de las industrias de hidrocarburos y la minería en el continente. Gudynas, con obra publicada en varios países, cree que no solo hay un peligroso impacto social y ambiental en la minería, sino también una concepción de país que podría ponernos más cerca de esos gobiernos africanos que permiten cualquier inversión, que de la economía de punta que pretendemos ser. Este es un resumen de su charla con Qué Pasa.
-Uruguay apuesta a la soja, la celulosa y ahora la minería, tres recursos cuestionados por los ecologistas. ¿Cuál es el más dañino?
-Sin duda, la minería es la más complicada.
-Y entonces, ¿qué ganamos favoreciendo la inversión extranjera en la industria minera?
-Se espera que atraiga inversión y que haga aumentar las exportaciones, una combinación que generaría un aumento del crecimiento del país, con efectos directos, por ejemplo, en el empleo, e indirectos por servicios asociados a la minería. Y todo eso traería condiciones de bienestar. Y en algunos casos, como fue la situación de Botnia, se suponía que el emprendimiento podría convertirse en un polo de inversiones para armar cadenas productivas o polos de servicios y consumos para esos emprendimientos.
-¿Y esos pronósticos se cumplen?
-En general se admite que la minería puede tener unas ventajas en un corto período pero a medida que se evalúan mejor sus impactos y principalmente se contabilizan mejor sus costos ocultos, se ve que las ventajas no son tales.
-Está bien pero uno de los argumentos, por ejemplo, es que genera empleos. ¿Eso no es real?
-Para el caso de Ecuador, el tercer país en América Latina en exportación de hidrocarburos, todo el sector minero y petrolero da 4.900 puestos de trabajo directo: el 0,01% de la población ecuatoriana económicamente activa. La evidencia internacional es que la generación de empleo es muy pequeña.
-¿Y qué es eso de los costos ocultos?
-Los costos derivados de los impactos sociales o ambientales que tienen los emprendimientos mineros y que no son contabilizados por los ministerios de Economía. En el caso de Uruguay la pregunta sería cuál es el costo de la pérdida de renta agrícola-ganadera por los terrenos que se van a reconvertir en minería.
-¿Y eso se puede medir?
-La contabilización de los gastos ocultos está empezando a hacerse en varios países. Tenemos, por ejemplo, evaluaciones más certeras por daños ambientales. En Ecuador, donde ha habido muchos problemas de contaminación por la explotación de petróleo, hubo una demanda por contaminaciones sostenidas y el costo que la Justicia concluyó que tenía que pagar la empresa privada por daños ambientales fue de 8.600 millones de dólares.
-También están los impuestos.
-En muchos países está empezando a quedar claro que la imposición tributaria, uno de los grandes atributos de la minería, es muy baja, alrededor del 3% a pesar de que la rentabilidad de la minería (del 37%) es la más alta del mundo. Pero hay una preocupación de la que Uruguay ya tiene algunos síntomas: acentuarle al país un perfil de productor de materias primas inhibe otras opciones de desarrollo. Eso se denomina en la jerga de los economistas como “la enfermedad holandesa”, por una fase que pasó Holanda de exportar muchas materias primas. Entonces la moneda nacional se revaluó mucho, se compraron muchos bienes de consumo en el exterior, no se fortaleció la industria nacional -que es la que más genera empleo- y todo eso quedó muy dependiente de los altos precios de esas materias primas en los mercados internacionales o en los pocos mercados que las compran. Así la economía se vuelve cada vez más endeble. Si esos precios internacionales bajan, toda la estructura económica del país se derrumba sin haber aprovechado la bonanza para cimentar una industria manufacturera o servicios que autogeneren recursos.
-La minería, por ejemplo, no necesariamente genera una fase industrial.
-Ese es otro de los problemas que hay que revisar en la estrategia uruguaya. En el caso de las plantas de celulosa, una de las consignas que se hacían para justificar la inversión es que se iba a armar un polo de la industria química o de la industria de servicios en Fray Bentos y se iban a asentar otras industrias, algunas vinculadas a la cadena de la celulosa. Eso no funcionó. La estructura de las plantas de celulosa, las mineras de cielo abierto o el petróleo, es de enclave: la planta localizada en un lugar muy preciso donde se extraen y procesan los recursos pero que no genera un desarrollo a escala departamental o regional, ni encadenamientos productivos dentro del país. Solo se envía la materia prima para afuera. En el caso de Uruguay eso se acentúa porque alguna empresas están o van a estar asentadas en zonas francas. Y así se termina exportando troncos.
-Y volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué se gana con esta apuesta? O quizás, ¿por qué un país apuesta tantas fichas a proyectos tan controversiales?
-Esa misma apuesta se hace en Argentina y Brasil. Pero en los países tradicionalmente mineros (como Perú, Bolivia y Ecuador) el debate es cómo salir de ese modelo. En Uruguay ha habido una simplificación de las estrategias de desarrollo. Y eso está muy claro en esta incipiente política de Estado que es sostenida desde varios sectores políticos: reducir el desarrollo al crecimiento económico que se nutre esencialmente por el aumento de las exportaciones y la atracción de inversiones. Así que cualquier atracción de inversiones está bien vista y no se la hace pasar por un cernidor de qué empleos genera o no genera y qué encadenamientos productivos puede o no proveer al país. Eso puede ser entendible en situaciones muy frágiles de países que salen de una crisis, como Uruguay en 2005, pero no tiene sentido en este momento.
-Usted hablaba de otros impactos.
-El impacto territorial, por ejemplo. La minería lo que hace es reconfigurar el territorio que se da en concesión, donde productores rurales dejan de tener control sobre su tierra, que pasa a ser de las empresas mineras. Hace 20 años, en 1990, en Perú había dos millones de hectáreas concedidas a mineras; en 2010 eran 21 millones de hectáreas. Eso provoca enormes conflictos. A juzgar por la experiencia de los países andinos, la minería a cielo abierto termina siempre en protestas sociales importantes. En Uruguay el territorio es muy pequeño y está casi todo bajo uso agropecuario o similar. Las extensiones sobre usos productivos van a ser mayores. Y como en Uruguay no hay, en la práctica, una aplicación de las normas de ordenamiento territorial y no hay una zonificación productiva, social y ambiental del territorio, esto deriva en un conflicto.
-Y están los impactos ambientales que es sobre los que más se habla.
-Hay un impacto ambiental que es que por cada tonelada de hierro que se exporta, va a quedar un gran volumen de material removido, sustraído y de desecho en el lugar. A eso se le llama “mochila ecológica” de las exportaciones y depende de la calidad, del tenor del componente de hierro que haya por cada tonelada de material rocoso que se extrae. Ese es un cálculo indispensable para hacer cualquier evaluación seria del impacto ambiental. Ese dato no se conoce. Y el oro es el que tiene la mochila ecológica más grande.
-Pero hay otros costos ambientales.
-Las explotaciones requieren mucha energía y mucha agua. Realmente desde el punto de vista de la ecología política del extractivismo, los países no compiten en atraer inversión sino compiten en cuál da mayores subsidios de este tipo, en aceptar una mochila ecológica mayor, en brindar energía y agua barata para permitir la explotación. El problema es que Uruguay aparezca como un país dispuesto a aceptar el impacto ambiental y a vender energía barata y agua barata para atraer inversiones. En vez de parecer una economía de punta que intenta despegar se parece más a una economía propia de los países mineros africanos que aceptan la llegada de estas empresas.
-Pero alguien podría decir que recién se está en la fase de despegue, que es un poco prematuro evaluar impactos.
-Ya hace más de 20 años que hasta la Cepal advierte que hay que abandonar un atributo que se llama competitividad espuria que es lograr insertarse vendiendo productos a través de aceptar el daño ambiental. Y eso pasa en la expansión de monocultivos donde hay todo un debate que no está saldado sobre el paquete agroquímicos pero se sigue adelante.
- ¿Y cómo se las controla?
-La primera fase es la de extracción. Después hay una segunda fase que son los controles ambientales durante la explotación. ¿Cuál va a ser la capacidad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en hacer esos controles? Lo que sucede en los casos de controversia es que los controles ambientales terminan fallando porque se invoca que se arriesgan puestos de trabajo. En los países donde el control ambiental es riguroso y complejo los costos de operación suben mucho y se hace inviable hacer la extracción. En la aceptación de la inversión, las reglas del control riguroso tienen que estar al principio. Y además está la fase de abandono. En Perú hay miles de minas abandonadas que dejan en manos del Estado la remediación ambiental final de la mina abandonada porque las empresas que tenían la concesión desaparecen. Y los costos de la recuperación ambiental y la solución de los problemas de contaminación de las minas abandonadas exceden en muchos casos las ganancias que daban para el Estado esas minas en su fase de operación.
-Y eso sucede cuando se agota el recurso o el negocio no da más.
-Cuando se agotan y dejan los agujeros y el material de desecho. En el caso de los agujeros, una de las grandes controversias es qué grado de contaminación tiene el agua que queda ahí y la generación de aguas que se acidifican al quedar expuestas vetas de minerales en contacto con el agua. En Uruguay hay un debate sobre el impacto agropecuario, pero los riesgos más grandes son los conflictos con los usos agropecuarios; los conflictos por la gestión territorial (hasta el Estado pierde el control de los territorios); el peligro para el agua y que no está claro si se van a hacer correctamente las cuentas de costos-beneficios, en el sentido de que si en los costos se van a incluir en dólares los riesgos e impactos posibles. Si no se incluyen, las cuentas siempre dan positivas.
-¿Y quiénes son los primeros afectados por esto?
-Las intendencias porque es donde van a ir a hacerse los reclamos por los problemas de gestión de territorio, caminería y contaminación del agua. Y después las intendencias van a tener que resolver los problemas de los afectados. Para las intendencias son situaciones muy críticas.
-¿Se está dando un debate serio ?
-El gobierno progresista tiene una agenda de desarrollo muy convencional que estaba bien ajustada a circunstancias propias de mediados del siglo XX. Posiblemente eso tiene que ver con la generación a la que pertenecen varios de estos líderes. Pero no es una agenda del siglo XXI.
-¿Cómo sería esa agenda?
-Pensar de otra manera la diversificación de los sectores productivos, potenciar y apoyar, por ejemplo, a sectores de nuevos emprendimientos manufactureros. ¿Por qué darle energía más barata u otro tipo de subsidio a un emprendimiento en recursos mineros y no a otro tipo de empresas que generen más empleo? En los países mineros, el debate sobre alternativas de desarrollo es cómo reducir su dependencia de la minería o de la exportación de crudo y la principal salida que ven como paso de emergencia es potenciar y diversificar su producción agropecuaria. Cuando uno les cuenta que un país con base agropecuaria como Uruguay quiere dar un paso atrás y convertirse en minero, lo miran asombrado.

Gracias a Hernan por enviarnos esta nota desde Uruguay -