Representantes de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos entregarán antecedentes que comprueban el desastre ambiental que provoca la explotación de recursos y el impacto negativo que ha tenido sobre la forma de vida de la comunidad indígena, que además reclama vulneración al territorio ancestral.
La minera canadiense Barrick Gold está en fase de construcción del proyecto Pascua Lama, que se emplaza en la comuna de Huasco y que afecta, tanto a la cuenca del río que abastece de agua para consumo y riego a todo el sector; como a la composición social y a las relaciones entre los habitantes del lugar.
Ante la constate presentación de denuncias y antecedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió la solicitud de las organizaciones y les cederá un espacio en este nuevo período de sesiones a realizarse en el edificio de la Organización de Estado americanos (OEA)
Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, junto a la compañía y asesoría legal de Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, presentarán, este viernes 28 a las 15:00 horas, los antecedentes por cuales señalan se ha vulnerado derechos fundamentales suscritos en la Convención Americana, como señala la abogada.
“Derechos que no sólo están establecidos en este cuerpo legal sino que a la vez están en la Ley Indígena, en la de Bases del Medio Ambiente y también en el Convenio 169. De esta manera, lo que hemos puesto en discusión es que el Estado ha vulnerado derechos fundamentales de la comunidad, que están reconocidos en la legislación chilena”, precisó la jurista.
Nancy Yáñez también señaló que el gobierno negará el daño territorial, relevando la importancia para el desarrollo del país de la empresa minera, como también ha negado la pertenencia territorial y cultural de las comunidades diaguitas del sector.
“Estamos observando una actitud irresponsable de parte del Estado porque efectivamente hay una argumentación que lo único que busca es asegurar que se ejecute ese proyecto, sin ponderar el bien común que es la obligación del Estado, mucho menos el interés público”, sentenció.
El gobierno ha cuestionado el reconocimiento legal que realizó el mismo Estado chileno el 2006 a la comunidad diaguita, cuya presencia abarca 380 mil hectáreas en la comuna de Huasco.
Para Sergio Campusano, presidente de la organización denunciante, el Ejecutivo al no reconocer la propiedad de la comunidad sobre el sector pone en riesgo toda una cultura que siempre vivió sobre la base de la autogestión y que esmuy frágil por su composición basada en un mismo tronco familiar.
“Hay de todo: dinero, camionetas, capacitaciones, viajes. Ellos nos tienen bien estudiados y saben cuáles son las necesidades de las personas que viven en Huasco Alto y juegan con nuestras necesidades básicas. Ellos ofrecen a través de consultoras expertas en manejo de las relaciones humanas y acuden a líderes o a familias completas”, denunció.
Campusano sostuvo además que la empresa Barrick ha desarrollado toda una campaña mundial y nacional que muestra a su comunidad de un modo folclórico, además de una intervención local que promueve la división en la comunidad y el traslado de las personas a la ciudad para facilitar la implementación del yacimiento. “Parece que los que estamos demás somos los seres humanos”, agrega.
“Hay personas que han dejado sus trabajos en las parcelas y están viviendo de los subsidios que da la municipalidad. La gente está toda subsidiada, entonces para qué van a trabajar. Muchos han pensado en vender sus predios para irse a vivir a La Serena, Copiapó o Vallenar porque hay mejor calidad y aquí no hay nada más que hacer”, dijo.
“Esperamos que se haga justicia, porque si no pudimos en Chile, que una corte internacional que sea parte de esto. No nos vamos a quedar tranquilos, vamos a seguir denunciando lo que está pasando en Huasco Alto”, finaliza el representante diaguita.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió dos presentaciones de organizaciones chilenas. Además del informe respecto al impacto negativo del Proyecto Pascua Lama, el Instituto Igualdad entregará los antecedentes sobre la violencia policial ejercida durante los últimos meses de protestas en el país.
Acciones que buscan internacionalizar los conflictos sociales ante la negativa del gobierno a dar solución a las demandas sociales, como han señalado los dirigentes. Todos los interesados pueden ir a ver en directo al Museo de la Memoria este viernes entre 2 y 4 de la tarde para discutir y analizar la intervención de las organizaciones chilenas en Washington.
(Radio Universidad de Chile)
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