Mientras la emoción de los participantes del Rally Dakar otorga adrenalina a la ruta sudamericana comprendida por Perú, Argentina y Chile (Desde 2009, cuando debió mudarse del norte de África, por estar bajo amenaza terrorista), son cada vez más los que se oponen a desarrollar un evento deportivo que invade una zona de patrimonio arqueológico, que por causa de la versión 2011, el 45% de su universo fue gravemente afectado, según el Consejo de Monumentos Nacionales.
El Colegio de Arqueólogos de Chile ha calificado a esta actividad como “delictual”, al amparo del Estado chileno para que éste quede impune. Lo anterior en base a las normativas legales: artículo 38 de la ley 17.288, que establece como delito la destrucción de patrimonio arqueológico.
Contraviniendo las leyes, el Estado avala el desarrollo de este evento deportivo y con esto evita que el Consejo de Defensa del Estado pueda fiscalizar y perseguir a los culpables, por la demanda de indemnizaciones a través de la Acción por Daño Ambiental. Además, en esta versión del Rally Dakar 2012 desaparecieron las medidas compensatorias que rescatan los sitios destruidos por la carrera, cuantificados por medio de un análisis científico público.
Por contraparte, han llegado a competir a esta carrera -que partió el 1 de enero desde Mar del Plata (Argentina) y que finalizará en la Plaza de Armas de Lima, la capital peruana- un par de letones con “OSCar”, el primer coche eléctrico capaz de recorrer 140 km/h y recorrer hasta 800 km/ diarios.
(Veo Verde)
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